Entrevista a Ana Falú

¿Por qué considera importante la vinculación de los derechos de las mujeres y ciudad?

La omisión de las mujeres en la planificación de nuestras ciudades se debe, como en otras disciplinas, a que responde a un modelo androcéntrico que ha subordinado a las mujeres. Sin embargo hay que rescatar los esfuerzos realizados por mujeres, y también algunos hombres democráticos, para trabajar desde una nueva episteme que nos reconozca, visibilice e incorpore a las mujeres como sujetos sociales por nosotras mismas y no diluidas en la familia.

El género es una construcción conceptual y como categoría analítica permite visibilizar las diferencias entre mujeres y varones, no porque adhiera a un mundo binario, sino porque explicitar las diferencias y la subordinación de las mujeres en relación a los varones, también nos permite visibilizar a otros colectivos omitidos, LGTBIQ, etnias y otros, transversalizados por diferencias de clase o edades, entre otras cosas. Todas categorías merecedoras de la atención pública, dotadas de ciudadanías, en muchos casos sujetxs emergentes y legitimadxs por avances legislativos en nuestro país, sin embargo omitidxs en las políticas, estereotipadxs y subordinadxs, cuando no violentadxs.

El género como herramienta analítica permitiría comprender la construcción de las identidades, los marcos de los procesos sociales, dónde estas desigualdades e injusticias territoriales y espaciales se construyen. El concepto de género en ese sentido, al dar cuenta de desigualdades, cuestiona la preeminencia de unos sobre otras.

Las mujeres hemos ganado derechos, sin embargo siempre acechan los retrocesos.

A partir de su conocimiento de la región latinoamericana, ¿Cuáles son las propuestas que están trabajándose y cuáles son hoy los principales desafíos de las políticas públicas en relación a este tema?

Hay experiencias promisorias en la región: gobiernos, sociedad civil organizada, academia. Si miramos a la sociedad civil, el 8M es un ejemplo de la fuerza increíble que se viene construyendo, tiene un valor impensado hasta hace poco: son voces diversas. No son sólo las feministas convocando a manifestar los malestares que persisten, sino que se ha generalizado un repudio a la violencia, se vinculan los derechos a la división sexual del trabajo y el trabajo reproductivo. Es fantástica esta fuerza: se llamó a parar y se puso al mundo en movimiento.

Contamos con experiencias promisorias, como la de “viajemos seguras” del gobierno de la Ciudad de México, los planes de igualdad y acciones en territorio de la Ciudad de Rosario, los programas de Ciudades Seguras para las Mujeres, y otros similares de distintos gobiernos de ciudades de América Latina. Las acciones políticas deberían ser también herramientas de transformación, por ejemplo de aplicación positiva para equiparar viejas desigualdades. La política de Estado es fundamental para ampliar los bordes de las ciudadanías, de las mujeres, de la población trans, de indígenas, de mayores, en fin, de la diversidad.

Recientemente se ha consensuado la Nueva Agenda Urbana y se ha reconocido el Derecho a la Ciudad. Ese proceso ha llevado tiempo, reuniones para acordar, consensuar, comprender que la convivencia en las ciudades es muy importante. La lucha por los derechos implica también el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad, el derecho a la movilidad, a la accesibilidad. Y los roles asignados y la tarea de cuidado que asumen en general las mujeres, dada la persistencia de la división sexual del trabajo, implica al espacio, es inherente al derecho a la ciudad.

Los servicios de cuidado, los servicios de salud, la accesibilidad y el transporte, para citar algunos, son temas caros a la población en general, pero en particular a las mujeres. Las mujeres estamos más expuestas, más en la pobreza, cada día que pasa somos más las únicas responsables de los hogares, cuidadoras de la infancia y los mayores, de los enfermos y los discapacitados y estamos más necesitadas de trabajar para tener ingresos. Las mujeres pobres tienen el doble de hijos que las más ricas, y viven en general en territorios desprovistos de derechos, de seguridad, de servicios, carentes de bienes urbanos. No es lo mismo un hombre caminando por la noche que una mujer, en esos territorios desiguales de nuestras ciudades extensas, inasibles, complejas.

¿Qué papel le otorga a la Universidad en este contexto?

Ese camino no siempre ha sido fácil, tampoco en este contexto de ajuste en el sistema científico y educativo.

La perspectiva de género tiene un valor político y teórico. Político por la capacidad de transformar y teórico por la necesidad de construir argumentos, conocimientos, para impulsar esa acción política necesaria. Le cabe a la Universidad un rol indiscutible en este sentido, comprometida con sus integrantes y su tiempo. Si bien se ha avanzado en la generación de espacios de género en las universidades, todavía sigue siendo un enorme desafío transversalizar las currículas y los programas universitarios. En ese sentido, desde hace tiempo y desde mi lugar en el Instituto de Investigaciones en Vivienda y Hábitat de la FAUD (UNC) y en articulación con diferentes equipos también de la FAU (UNT) he promovido la discusión e interés sobre estas cuestiones. Próximamente estaremos llevando a cabo el Seminario / taller Mujeres y Ciudad, [In] Justicias Territoriales (3 y 4 de mayo, en la UNC) y el Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad (21 y 22 de junio, en la UNC).

(Entrevista realizada por Natalia Czytajlo, para Revista Sin Miga, Marzo 2018)

Imagen: ilustración a lápiz realizada por el Arq. Nicolás González.