A 48 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Sin Miga honra nuestra historia con un ensayo esclarecedor respecto a conceptos que el actual gobierno nacional busca impugnar. Julia Vitar, prestigiosa abogada de DD.HH.

A 48 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Resuenan ecos de negacionismo

por Julia Vitar

Cuando fui convocada a compartir algunas reflexiones referidas a este nuevo aniversario del inicio de la sangrienta dictadura de 1976, me propusieron analizar las diferencias existentes entre los crímenes contra la humanidad y el genocidio, por un lado, y los delitos comunes por el otro. Claro, en tiempos de negacionismo explícito -o lisa y llana reivindicación del terrorismo de Estado- sentimos la pulsión por regresar sobre las cuestiones más elementales o básicas que informan el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Lo cierto es que los crímenes contra la humanidad y el genocidio, son dos delitos del derecho penal internacional que fueron alumbrados como una respuesta de la comunidad internacional a los crímenes cometidos por el régimen nacional socialista en Europa, durante la primera mitad del siglo XX. Si bien cada uno de ellos define situaciones diferentes -el primero el ataque sistemático y generalizado contra una población civil y el segundo las acciones destinadas a la eliminación de un grupo étnico, nacional, racial o religioso como tal- ambas dan cuenta de hechos particularmente ominosos que reciben la condena de la humanidad y por ende merecen su castigo. Ambos hechos admiten su comisión por los Estados -o por civiles con su apoyo-, es decir, no entran en esta categoría los crímenes cometidos por sujetos no estatales.

La catalogación de los crímenes cometidos por el Estado argentino durante la década del 70, como crímenes contra la humanidad fue producto de una larga lucha de familiares, víctimas, organismos de derechos humanos, y de la sociedad argentina, que se concretó recién a partir de la década del 2000.

Las discusiones sobre cómo calificamos el pasado forman parte de las disputas por las memorias y representaciones sobre hechos de la historia reciente. No son algo novedoso, sino que han acompañado el proceso de lucha por la justicia en Argentina. Como lo señala el estudioso Daniel Feierstein, el derecho y los procesos judiciales tienen un rol destacado en la construcción de la memoria colectiva, por los efectos como discurso de verdad que tienen los juicios penales. De allí que el judicial es también un ámbito de disputa de memorias y sentidos.

Cuando finalizó la dictadura militar, las cúpulas golpistas se despidieron del poder dictando una autoamnistía, en ese contexto de fuerte presión social para que finalice el período de facto, se llame a elecciones libres y se investigue el destino de los desaparecidos, resultó electo Raúl Alfonsín candidato de la UCR. Este se distinguió del candidato peronista, Ítalo Luder, por sostener la necesidad de anular la autoamnistía y avanzar con el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, por su prédica por el juicio y castigo.

La transición democrática estuvo signada por una fuerte disputa de sentidos en la opinión pública entre quienes sostenían que lo ocurrido en la década del 70 había sido guerra contra la subversión o el terrorismo y quienes afirmaban que se trataron de graves violaciones a los derechos humanos, que requerían un castigo ejemplar. En esa coyuntura, el gobierno impulsaba un juzgamiento acotado de los crímenes de la dictadura, que dejaba expresamente fuera a los hechos perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad antes del 24 de marzo de 1976. El discurso de memoria que permeó fue el de los dos demonios que sostenía que en Argentina, en la década del setenta, existieron enfrentamientos entre dos polos o fuerzas contrapuestas, las fuerzas armadas y las organizaciones político-militares, que generaron un clima de violencia, en el cual la sociedad aparecía como una tercera víctima. En ese contexto, las víctimas dignas de justicia eran aquellas que se presentaban como “inocentes” de militancia política, desdibujando así su registro militante y criminalizando la participación de los represaliados en alguna organización de izquierda durante la década anterior. Por eso, el término terrorismo de Estado, fue acuñado como una contracara al discurso militar sobre el terrorismo subversivo, aunque luego haya sido resignificado por el activismo de derechos humanos.

El proceso de justicia de la transición democrática fue corto y terminó abortado por las leyes de obediencia debida y punto final y el indulto menemista que liberó a las cúpulas de las juntas militares condenadas en el juicio a las juntas.

Tucumán, por su parte, tuvo un devenir marcado por sus propias circunstancias históricas: un proceso represivo que comenzó un año antes en una provincia surcada por la conflictividad social y que tenía instalado en el sur un foco guerrillero. El Operativo Independencia, que implicó la ocupación del territorio provincial por el ejército, dejó un saldo de decenas de centros clandestinos de detención, cientos de detenidos desaparecidos, asesinados, presos políticos y secuestrados luego liberados, cuatro bases militares y el primer CCD de Argentina “La Escuelita de Famaillá”. Su impacto en la represión, implicó como lo señala Ana Jemio, especialista en la materia, al menos el 35% de las desapariciones totales ocurridas en Tucumán en la década del 70.

El saldo más oprobioso de ese proceso en nuestra provincia, además del de los miles de compatriotas represaliados, fue el de la impunidad que permitió que el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad fuera electo gobernador en democracia: Antonio Bussi.

Pese a todo ello, resistimos al bussismo y al menemismo y sus indultos. En los 90 alumbramos a HIJOS, luchamos por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y la reapertura de los juicios, y conseguimos su concreción. Ese logro en Tucumán comenzó a plasmarse a partir del año 2002, el primer puntapié lo dieron las investigaciones del Pozo de Vargas -que concluyó en 2023 con la identificación de 117 personas detenidas desaparecidas- y luego la causa Vargas Aignasse, que impidió a Bussi asumir como intendente y en 2008 concluyó en un juicio oral con una sentencia a prisión perpetua para el genocida. A diciembre de 2023 se habían condenado en Argentina a 1173 acusados por crímenes contra la humanidad en 316 juicios orales y públicos. En Tucumán, se realizaron al momento 15 de estos procesos penales. Todos los tribunales del país, y la Corte Suprema -cabeza del poder judicial- sin fisuras, afirmaron que lo ocurrido en nuestro país fueron crímenes contra la humanidad, que por ello son imprescriptibles, y no susceptibles de amnistías o de indultos.

Por su parte, y pese a las numerosas presentaciones realizadas ante la justicia, la calidad de crímenes del derecho internacional le fue negada a los hechos de sangre cometidos por las organizaciones políticas militares en la década del 70, cuyos integrantes en su mayoría no fueron juzgados al momento de ocurrencia de esos hechos porque el Estado eligió secuestrarlos, torturarlos y desaparecerlos, en lugar de someterlos a la justicia. En el mejor de los casos, fueron mantenidos indefinidamente detenidos a disposición del PEN -hecho también ilegal-. Muy pocos de estos militantes fueron juzgados – casi siempre en causas desarrolladas con flagrantes violaciones a sus derechos humanos- y condenados. Todos ellos fueron luego indultados por Menem, junto a los genocidas condenados en el Juicio a las Juntas, a modo de apuntalar la idea de los dos demonios.

Sin embargo, pese a todas estas proezas que logramos construir como sociedad y como movimiento de derechos humanos, este marzo nos encuentra enfrentando las embestidas de una nueva batalla cultural por los sentidos del pasado, que recrudece con las negaciones sobre las cifras de los desaparecidos y la magnitud de lo ocurrido. Un gobierno que en lugar de abrazar a los símbolos de la democracia, cuestiona y desprecia a las madres de detenidos desaparecidos y a las abuelas de los nietos apropiados, pese a su reconocimiento internacional como símbolos de la lucha pacífica por justicia. Estamos frente a un gobierno que tiene como vicepresidenta a una abierta defensora de ex genocidas: Victoria Villarruel quien aboga por una mirada que va más allá de los dos demonios y plantea la postura de la Memoria Completa, pero solo como una manera de encubrir su verdadera ideología pro castrense y reivindicadora de las prácticas del terror estatal. No nos confundamos, ella es parte de la familia militar, su padre participó de la represión y su tío murió procesado por crímenes contra la humanidad.

Esta nueva avanzada sobre los sentidos del pasado parece ser mucho más cruenta que en otros momentos, la dictadura se ha convertido en un escenario en el que el gobierno se juega una verdadera batalla cultural. Hemos visto a un ministro de Defensa que a días del 24M se toma fotografías con Cecilia Pando -reconocida activista a favor del indulto a los genocidas- mientras plantea un paralelo entre “la lucha contra el terrorismo de los 70” y el desembarco del Ejército en Rosario en el marco de las estrategias para combatir el problema del narcotráfico.

Desembozadamente juegan a trazar paralelos, construyen al enemigo interno, demonizan toda forma de articulación política y social al momento que tildan de “zurdos” o “colectivistas” -como si esto fuera un insulto – a cualquier expresión política y social que implique articulación y resistencia al proyecto económico y político de este gobierno.

Pero lo que construimos en estos años habla por sí mismo. El proceso de justicia se ha ido expandiendo, luego de un arduo y lento camino. Para una sociedad castigada por el terror estatal, en la cual sus víctimas en la década del 80 no tuvieron reconocimiento ni justicia, fue difícil poder articular denuncias y relatar lo que les pasó. Es necesario recordar que las víctimas del proceso previo al golpe de Estado quedaron afuera de la orden de juzgamiento dado por Alfonsín al asumir el 10 de diciembre de 1983.

A partir de las investigaciones que venimos desarrollando desde el año 2015 junto a Ana Jemio y a partir de las cuales venimos alimentando una Base de Datos del Genocidio en Tucumán, hemos podido saber que es mayor el porcentaje de víctimas que fueron secuestradas y liberadas, que las que fueron secuestradas y desaparecidas o asesinadas. La decisión de secuestrar personas y luego liberarlas, respondía a objetivos planificados por el aparato estatal: reproducir el terror en la sociedad, a través de “un relato del horror aterrorizado y aterrorizante”. Señalan los ex detenidos desaparecidos que la clave estuvo en sembrar la desconfianza para, a su vez, sembrar el aislamiento: “Si el mandato represivo para nosotros fue ‘aterroricen’, el mandato para los militantes no secuestrados, implícito en nuestra sobrevivencia, fue ‘desconfíen’. Con terror y desconfianza se aseguraba un largo período de desarticulación social”.

Del total de víctimas que tiene contabilizado hasta hoy la Base de Datos, hemos podido determinar que el 57,44% fueron secuestradas y liberadas, nos referimos a 1049 personas sobre un total de 1826 registradas.

De este universo de personas que sobrevivieron el terror -aunque cargan consigo sus secuelas- la gran mayoría denunció lo sufrido recién a partir de la década del 2000. En cifras podemos señalar que, del total de personas sobrevivientes, el 70,49% denunciaron en la segunda ola de justicia que inició en el nuevo milenio, a ese porcentaje se suma un 16% de hechos que no tienen denuncias, es decir casos sobre los que la justicia investigó lo sucedido y determinó identidad de la víctima circunstancias de modo tiempo y lugar, sin intervención de los damnificados. Este proceso expansivo de la justicia tuvo sus altibajos, pero demuestra que resta mucho camino por recorrer para obtener justicia, reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo Estado.

Un último apunte necesario en este intento por entender el caso tucumano: muchos de los sobrevivientes eran pobladores de la zona sur, de pequeños poblados rurales. En Tucumán, más del 50% de las víctimas del sur rural fueron secuestradas durante el Operativo Independencia, esa área geográfica tiene un impacto de 1 víctima cada 238 habitantes. ¿Cuál es la relevancia del lugar de asiento de las víctimas al momento del hecho? Esto tiene un efecto directo en las posibilidades de acceder a la justicia, porque viven alejados de los centros urbanos, porque desconocen qué mecanismos instar, y de qué manera, y carecen de recursos económicos y sociales que posibiliten la articulación de la denuncia. Pensemos, además, que los sectores asalariados fueron el principal objetivo de la represión, como lo señalan Artesse y Rofinelli, estos representan el 70% de las víctimas, los autores concluyen además que “según datos de la Conadep, las familias que más tardíamente han presentado sus denuncias en Tucumán habitaban en pueblos o pequeñas ciudades”.

Es preciso que nos demos la tarea de reconstruir quienes son las víctimas del terror estatal, donde vivían, a qué se dedicaban y a qué sectores socioeconómicos pertenecían. Este perfil demográfico de lo que hasta el momento tenemos registrados nos habla de las profundas huellas que dejó el proceso de la década del 70 en nuestra identidad social y también nos da una pauta acerca de por qué es tan complejo el proceso de discusión sobre el pasado y de reconstrucción de memorias.

La batalla por los sentidos del pasado no es nueva, fue sostenida por las abuelas, las madres, los HIJOS, ahora los NIETOS, es decir atravesó generaciones que alumbraron con ingenio, perseverancia y tesón diferentes estrategias de lucha y resistencia en cada momento. Estoy convencida de que este contexto también alumbrará las propias.

A las voces que niegan la cifra de los 30 mil y reivindican la represión del Estado a cualquier costo, se deberá responder, nuevamente, con más movilización, organización, lucha y pedagogía de la memoria. Porque mientras el negacionismo tiene patas cortas, la Memoria la Verdad y la Justicia tienen brazos largos, para seguir alcanzando los rincones más remotos de nuestra patria.

Imagen de tapa: Juan Pablo Noli, Carta para vos. Fotografía directa, 70 x 100 cm. Tercer Premio en Fotografía Salón Nacional de Artes Visuales 2022