LA VERDAD DE LA MILANESA / Parte I

Ante el sentido común instalado acerca de que el sistema universitario argentino “siempre estuvo mal”, Sin Miga presenta un ensayo aclaratorio en el que el Dr. Diego Hurtado, investigador del CONICET, destaca las políticas de financiamiento universitario llevadas a cabo durante los años de gobierno kirchnerista.

LA VERDAD DE LA MILANESA

Políticas educativas y universidades durante el ciclo de gobiernos kirchneristas

por Diego Hurtado

En retrospectiva, durante el período de gobiernos kirchneristas (2003-2015) se recuperó un proyecto de país que parecía definitivamente obturado por un cuarto de siglo de neoliberalismo en clave periférica. La “revancha clasista” encarnada en el proyecto refundacional de la última dictadura cívico-militar, centrado en el terrorismo de Estado y en la imposición de la valorización financiera como nuevo patrón de acumulación, desencadenaron un cuarto de siglo de destrucción del aparato productivo, privatización de los bienes públicos, endeudamiento y alineamiento a la geopolítica del “patio trasero”.

El quiebre de este sendero, marcado por la crisis terminal de 2001, fue posible por la resistencia popular y la emergencia de un ciclo de gobiernos –Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)– quienes se propusieron abandonar la matriz neoliberal y recuperar un proyecto de país orientado a la construcción de capacidades productivas, la creación de trabajo en condiciones dignas, la redistribución del ingreso, la promoción del mercado interno, la inclusión, la movilidad social ascendente y la ampliación de derechos. En este contexto, a partir de 2003 se inició un proceso de reversión del desfinanciamiento y la degradación institucional del sistema educativo y del complejo de ciencia y tecnología. El proceso de recuperación de las capacidades estratégicas del Estado, como garante de derechos, protector de los sectores más vulnerables y organizador del proceso de desarrollo social y económico, ubicó entre sus líneas maestras la resignificación del sentido social, cultural y económico de la educación, la ciencia y la tecnología.

Políticas educativas para un proyecto democrático e inclusivo

A comienzos del actual milenio, como parte de la herencia neoliberal –en el primer semestre de 2003, el nivel de indigencia en aglomerados urbanos era de 27,7%, y el de pobreza de 54%, y la tasa de desocupación alcanzaba el 25%–, el sistema educativo público enfrentaba una reforma que había fracasado “en el establecimiento de bases homogéneas para el cumplimiento de los derechos educativos”, con diversos grados de inconclusión, según la jurisdicción, que se expresaba en un alto grado de desarticulación institucional, un panorama de desigualdad, estructura laboral inadecuada, rezago educativo de la población adulta y eliminación de la educación técnica.

En paralelo al deterioro y desjerarquización de las condiciones de trabajo docente, se modificó de forma integral la Ley de Educación Superior (1995) para avanzar en el abandono de la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto. Entre las evidencias más dramáticas de la ficción del libre mercado y de la promoción de fetiches como el “emprendedorismo”, se promueve la clausura de las carreras técnicas de nivel medio, que impacta como tendencia declinante de las ingenierías.

En el campo universitario, durante los años noventa se habían impulsado transformaciones normativas e institucionales ambiciosas. Del Bello interpreta que la política de educación superior en el período 1993-2000 fue “disfuncional a las políticas públicas dominantes”. Otros autores agregan que “las nuevas reglas de juego de la comercialización en la academia”, junto con las consultorías, los think tanks y diversas modalidades de “agencias de análisis”, se proponen reemplazar formas tradicionales de producción de conocimiento y desjerarquizar el mundo académico.

Ya en sus primeros días, el gobierno de Néstor Kirchner reaccionó con medidas para afrontar la crisis del campo educativo. La recuperación real del salario docente transitó un proceso de mejora hasta 2009 y luego, hasta 2015, de sostenimiento por encima de los niveles de inflación. Los primeros años de este gobierno se enfocaron en consolidar la centralidad del Estado como garante de equidad en el acceso a los derechos a la educación, y en jerarquizar las dimensiones pedagógica y cultural de la escuela y de la actividad de los docentes.

La derogación de la Ley Federal de Educación (Ley 24.195 de 1993) y la sanción de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206 de 2006) marcan un punto de inflexión. Dicha ley amplió la obligatoriedad escolar hasta el final del nivel secundario, armonizó la organización por niveles del sistema escolar en las distintas jurisdicciones, estableció el cumplimiento obligatorio de las resoluciones adoptadas por el Consejo Federal de Educación, y convalidó y estableció un contenido denso a las agendas del Instituto Nacional de Formación Docente. Esta iniciativa legislativa había sido precedida por la sanción de las leyes de Garantía del Salario Docente (2003), de Educación Técnica Profesional (2005) y de Financiamiento Educativo (2005), que plantea el objetivo de invertir en educación, ciencia y tecnología un 6% del PBI. En una década, el programa Más Escuelas construyó alrededor de 1800 establecimientos en todo el país (Villanueva, 2017:135)

La creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD, 2007), al que la Ley de Educación Nacional le dio estatus de organismo descentralizado, hizo posible abordar problemas como la desarticulación de la oferta y crear las condiciones para avanzar en la orientación, planificación, desarrollo e impulso de las políticas para el sistema superior de formación docente inicial y continua a escala nacional, así como articular dicha oferta con otras iniciativas de mejora del sistema escolar.

Finalmente, estas iniciativas se complementaron con otras que ampliaron derechos y fortalecieron el carácter de bien público de la educación, como los programas de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2005), Educación Sexual Integral (2007), el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinEs), enfocado en implementar programas a término con el fin de garantizar la educación obligatoria de la población mayor de dieciocho años, o el programa Conectar Igualdad, orientado a la incorporación de TIC en el sistema escolar, que se propuso “proporcionar una computadora a alumnas, alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de Institutos de Formación Docente” (Decreto 459 de 2010). Entre 2010 y 2015 se habían entregado más de 5,52 millones de computadoras.

En cuanto al sistema universitario, en este período se asiste a una expansión inédita. Desde 2003, el presupuesto de las universidades aumenta de manera ininterrumpida. La inversión del Estado pasó de 0,53% del PBI en 2003 a 1,08% en 2013, superando la media de las últimas décadas. Esta inversión es acompañada por programas de mejora de la infraestructura universitaria; programas de mejoramiento, promoción y calidad universitaria; y el Programa de Apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas. En efecto, antes de 2010, había provincias que no tenían universidades. Con la creación de diecisiete universidades nacionales, a fines de 2015 no había ninguna provincia que no tuviera por lo menos una universidad en su territorio.

La inversión creciente hizo posible la creación de quince universidades públicas de acuerdo a criterios de federalización y apoyo a los desarrollos regionales e impactó en las actividades de I+D en las universidades. Un hito político de estas transformaciones fue la separación del sector de CyT del ámbito del Ministerio de Educación y la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en noviembre de 2007. Este reordenamiento fue acompañado por un crecimiento del CONICET que impactó en las actividades de investigación y desarrollo en las universidades. A modo de ejemplo, citemos que mientras que las tesis doctorales defendidas en las universidades por becarios del Conicet en 2003 fueron 235, en el período 2013-2015 rondaban las 1200 anuales.

Educación, ciencia y tecnología en la “batalla cultural”

En el plano de los componentes culturales, durante el período 2003-2015 se impulsaron iniciativas que se propusieron transformar la valoración y el imaginario social de la educación, la ciencia y la tecnología, con especial foco puesto en las generaciones más jóvenes. A través de iniciativas como el Programa Raíces –en especial en la repatriación de investigadorxs–, el parque temático Tecnópolis, o el canal Encuentro, enmarcado en la política de TDA, la educación, la ciencia y la tecnología fueron también componentes protagónicos de una agenda cultural que se propuso avanzar en la construcción de valores democráticos, colaborativos, solidarios y comunitarios, basados en la memoria histórica y el compromiso político de lxs ciudadanxs como contrapunto de un “sentido común” neoliberal, que desde hace más de cuatro décadas promueve el individualismo, la competencia predatoria, la incertidumbre como clima social, la deshistorización, la conducción tecnocrática y el apoliticismo.

A modo de síntesis, digamos que en 2015 el salario mínimo en la Argentina era el más alto de América Latina; en términos de redistribución, se alcanzó el “50-50” con saldo a favor del trabajo (51,8%); el desempleo era menor al 6%; el índice Gini –que mide desigualdad social– había pasado de 53,8 a 41,8 entre 2002 y 2015.

En 2016, el gobierno de Macri dedicó una apología al kirchnerismo en el documento Argentina: Land of Opportunities. Allí, el equipo de comunicación de Presidencia explicaba que el país estaba primero en los índices de desarrollo humano y educación, que presentaba “el coeficiente Gini más bajo de la región” y el mayor PBI per cápita. El documento señalaba también la “baja relación deuda/PBI, del 13%”.

En síntesis, el sendero de clausura de la matriz neoliberal asignó cuatro funciones sociales básicas al sistema educativo: formar para la participación democrática integral; para la construcción de la identidad; para la inclusión y la igualdad social; y para la incorporación plena al mercado de trabajo. En paralelo, las políticas de ciencia y tecnología se enfocaron en orientar la producción de conocimiento hacia la demanda de las políticas de industria, salud, energía, desarrollo social, defensa, transporte, agro e infraestructura y en la construcción de un Estado con capacidades incrementales para definir las “reglas de juego”, impulsar los sectores estratégicos y las metas de desarrollo social y económico prioritarias. Durante el período 2003-2015, el conjunto de las políticas de educación, ciencia y tecnología en las universidades fueron un componente crucial para impulsar un proyecto de país democrático e inclusivo, alternativo al proyecto de exclusión y dependencia que busca imponer en América Latina la geopolítica del “patio trasero” en su fase neoliberal avanzada.

Bibliografía

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Imagen de tapa: Marcos METERNICHT, Espacio suficiente l. Fenólico policromado. 60 x 90 x 40 cm. 2023