LA VERDAD DE LA MILANESA / Parte II
Ante la desinformación prejuiciosa con la que frecuentemente nos encontramos acerca del origen de la deuda “eterna” argentina, se impone un análisis de su devenir, desde el inicio mismo de la democracia hasta la nueva (¡una vez más!) gestión de Luis Caputo, esta vez bajo el gobierno del anarco libertario Javier Milei. Horacio Rovelli, propone para Sin Miga un ensayo meduloso que, esperamos, puedan despejar todos los malentendidos y las dudas.
LA VERDAD DE LA MILANESA / Parte II
40 años de democracia formal y los condicionantes de la deuda externa
por Horacio Rovelli
La deuda en democracia
El presidente, Raúl Alfonsín, asumió al gobierno de nuestro país el 10 de diciembre de 1983, pero no puede afirmarse que detentara el Poder ya que la mera participación formal del voto mayoritario no significó el armado de una alianza social que lo respaldara. En efecto, si tenía claros los objetivos de fortalecer las pequeñas y medianas empresas industriales y transferir la abultada renta agraria a fin de generar un fuerte mercado interno democratizando así la economía y la sociedad, no contempló que el poder económico se había concentrado, centralizándose y extranjerizándose mucho más que en la década de los años sesenta, como tampoco tuvo en cuenta que la ciudadanía beneficiada por la apertura democrática se encontraba en extrema debilidad dependiendo y subordinándose a las grandes empresas.
Bernardo Grinspun, el primer Ministro de Economía de la democracia, propuso investigar la deuda externa y separar la legítima de la espuria, esto es, investigar y conocer en qué se había endeudado el Proceso de Reorganización Nacional, cuestionando de esta manera los seguros de cambio de las empresas residentes en el país, que habían contribuido al endeudamiento. Estos “seguros de cambio” se habían generado desde 1981 cuando, ante la falta de divisas por un comercio deficitario y un egreso mayor que los ingresos reales (turismo, fletes, royalties, comunicaciones) y financieros (intereses, giros de utilidades), el Estado nacional comenzó a hacerse cargo de la deuda privada. Ciertamente, el problema fue que la devaluación de nuestra moneda fue mucho mayor que el ajuste de la deuda en pesos, produciendo una transferencia de la deuda externa del deudor privado al Estado nacional. A esa estafa, Bernardo Grinspun no quiso pagarla. Sin embargo, los grandes grupos económicos como Techint, Eurnekian, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Pagani, Macri, Madanes Quintanilla, Bagó o Ledesma, junto al sector agroexportador, presionaron para que no se investigara la deuda heredada de la dictadura militar, de aproximadamente 46.000 millones de dólares, exigiendo además, no sólo su reconocimiento, sino el pronto y mayor pago posible de los servicios de la misma. El 18 de febrero de 1985, Bernardo Grinspun echó del Ministerio de Economía a Joaquín Ferrán, representante del FMI en la Argentina, pero al día siguiente el Presidente Alfonsín le pidió su renuncia. Así, se ponía en marcha el plan de legitimar toda la deuda externa acordando con los grupos económicos locales. Ésta era de tal magnitud y sus intereses tan altos que. para intentar pagarla, durante el período 1985-1988 se empleó todo el superávit comercial (U$S 8.530 Millones). Sin embargo, increíblemente la deuda externa pública creció a U$S 63.200 millones. Más pagábamos, más debíamos.
El 6 de febrero de 1989. el Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), José Luis Machinea, anunció que no tenía más reservas disponibles[1], así que con el pretexto de la crisis, el ya nuevo presidente Carlos Saúl Menem hizo aprobar las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica que esbozaban un amplio plan de privatizaciones y dotaban al Ejecutivo de amplias facultades para racionalizar el gasto público. Éste era el verdadero objetivo de grandes empresarios nacionales y extranjeros: lograr restablecer el pago a los acreedores externos mediante privatizaciones a precio vil.
Al absorber la deuda de las empresas que se habían privatizado, el Estado nacional por un lado las dejó “saneadas”, y por otro acompañó este proceso con planes de retiro “voluntario”, jubilaciones anticipadas, despidos y cesantías. Esto ocasionó, inmejorables condiciones para la obtención de renta en dichas empresas, perfilando una importante regresión del ingreso y expulsando trabajadores a la desocupación y a la pobreza[2].
Con los ingresos en divisas, el gobierno de Menem fortaleció las reservas del BCRA y aplicó un rígido plan de convertibilidad en la que nuestra moneda “valía” un dólar por unidad de peso. Como se sabe, la Argentina no tiene la capacidad productiva de los EE.UU., por lo que consecuentemente se tornó más barato importar que producir. Así, mientras que en 1974 nuestra industria representaba el 22,9% del PIB, al fin de la dictadura el 19,2% y durante el período de Menem-Cavallo hasta 2002, representaba sólo el 15,4% del PIB reflejándose esa brutal desindustrialización en una tasa de cesantías y pobreza de dos dígitos. Paralelamente, la deuda externa nacional había pasado de U$S 52.739 millones (1991) a U$S 88.259 millones (2001) y el stock de capitales de residentes argentinos en el exterior, de U$S 54.936 millones a U$S 137.806 millones durante el mismo período.
La crisis de 2001 fue el final de la apertura de la economía, de la paridad cambiaria del peso con el dólar y de la convertibilidad de nuestra moneda. Con una recesión que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco presidentes en doce días de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares, el 19 de diciembre de 2001 renunció el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el 20, hizo lo propio el entonces presidente, Fernando De la Rúa. Finalmente asumió la Presidencia de la República el Dr. Eduardo Duhalde, quien nombró Ministro de Economía a Jorge Remes Lenicov, mas como éste reconociera con posterioridad, fue condicionado a devaluar nuestra moneda y a dejar a las grandes empresas nacionales deudoras como las únicas beneficiadas con la pesificación asimétrica[3]. Lo cierto es que se produjo una brutal transferencia de ingresos de los asalariados, jubilados y pensionados a favor de aquellas empresas endeudadas como el Grupo Clarín, Techint, Ledesma, Pérez Companc, Eurnekian, Bulgheroni, Macri, Werthein, Roemmers, Aluar, La Anónima y Coto, todas ellas, como explicamos anteriormente, endeudadas en dólares que pagaron en pesos, al convertirlos a la paridad 1=1. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en abril de 2002 el valor del dólar oficial era de $ 3 y el del paralelo de $ 4, a los empresarios se les redujo la deuda a un tercio de su monto real, en tanto que el Estado quedó a cargo de la diferencia, acrecentado la deuda pública una vez más.
Como contraparte, en un marco en el que el PIB había descendido un 10,9%, aumentaron drásticamente los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad debido a la transferencia de recursos hacia los sectores más favorecidos. En mayo de 2002, la tasa de desempleo fue del 21,5%, es decir, la mayor que se tenga registro. En ese contexto, el descontento de la población se manifestaba en las calles de todo el país y el 26 de junio de 2002, la policía federal asesinó a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán, además de generar decenas de heridos y más de un centenar de arrestos. Ése fue el fin del gobierno de Eduardo Duhalde quien debió convocar a elecciones, en las que resultó electo Néstor Carlos Kirchner.
El verdadero kirchnerismo
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2003 y 2008 la Argentina redujo la tasa de desempleo urbano abierto en un 53,8 %. Desde 2003 se verificó un incremento exponencial en la cantidad de beneficiarios que participaban en las políticas activas de empleo y formación profesional que llevaba adelante el MTEySS (Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación). Justamente, se había pasado de apoyar a alrededor de 16.000 personas en 2003, a más de 900.000 en 2014[4] pues, a fines de ese año, la estrategia había sido la de poner en marcha el Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y mejor trabajo”. En efecto, para reducir la desigualdad social a raíz de la pobreza, la creación de empleos era una de las premisas del proceso iniciado por el gobierno de Néstor Kirchner con lo que los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente. El salario mínimo que, con un dólar oficial de $ 3,50 en 2003 era de $360, con un dólar de $ 2,90 se elevó a $1.240 en 2007.
En el período 2003-2007 la industria argentina creció a un promedio anual del 10,3 % en términos del Índice de Volumen Físico (IVF), acompañando la dinámica de la economía en su conjunto. La persistencia del avance del sector manufacturero constituye una característica que sobresale en relación a otros períodos de crecimiento industrial. Valga como ejemplo que en julio de 2004, se firmó un acta compromiso para reflotar el astillero Río Santiago y en 2005 fue firmado el contrato que estableció la construcción de dos buques de 47.000 toneladas cada uno. Así, merced a los contratos firmados con Venezuela para la construcción de buques petroleros, el astillero pudo ser reactivado, lo cual implicó la incorporación inmediata de 250 nuevos operarios.
Néstor Kirchner tenía muy claro que el crecimiento sostenido de China, India y otros países emergentes configuraba una nueva realidad internacional de la que nuestro país debía saber sacar provecho vendiendo cada vez más productos que involucraran mayor cantidad de mano de obra y de tecnología nacional. Kirchner pensaba que, a medida que los países asiáticos aumentaran sus ingresos, correlativamente incrementarían su consumo. Por eso para él, el país debía ser soberano en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, con fuerte intervención en resortes claves como la energía y el transporte y con acuerdos comerciales, productivos y financieros en la región que permitieran emplear tecnología propia a fin de que la Argentina definitivamente pudiera integrarse al mundo. En consecuencia, no sólo el 3 de enero de 2006, canceló en un pago los 9.810 millones de dólares que el país le debía al organismo de crédito, sino que también financió la política de igual a igual con los “dueños” del país, renegociando inteligente y patrióticamente la deuda espuria, creando puestos de trabajo, haciendo crecer el producto y distribuyendo entre la población. También incorporó al sistema de jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo había dejado sin trabajo y sin aportes jubilatorios; estableció relaciones fraternales con los países de la región; se opuso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida desde Washington e impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC.
En el marco de la presidencia de Néstor Kirchner, la tasa de crecimiento del PBI que había estado en torno al 9% anual, a raíz del conflicto con el campo y luego del comienzo de la crisis internacional de subprime[5], el PBI del año 2008 se incrementó sólo en un 4,1% generando un aumento de los precios internos. Siendo Ministro de Economía Amado Boudou en el segundo semestre de 2009 se recupera la economía, pero se frena desde 2012 en adelante durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
¡Otra vez arroz! (la vuelta del endeudamiento externo)
Si dijimos que Néstor Kirchner había saldado la deuda con el FMI, la administración de Cambiemos que asumió el gobierno nacional en diciembre de 2015, volvió a generarla sideral y terminantemente porque las necesidades financieras del Tesoro Nacional habían dejado de atenderse con fuentes domésticas y en pesos y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo. En efecto, en diciembre de 2015, la deuda externa Argentina era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales el 60% era intra sector público, es decir, en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos entre otros, el 9% con organismos internacionales[6] y el 31% con el sector privado[7]. Estamos, entonces en condiciones de afirmar que la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares. Sin embargo, en diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, el 40% de la misma intra sector público, el 22,7% organismos internacionales, mayormente al FMI por un equivalente a 44.599 millones de dólares y el 37,3% al sector privado. Es decir, la deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos que desmejoró sensiblemente su distribución y la perentoriedad de los plazos. Así, al 30 de septiembre de 2023[8], la deuda bruta había ascendido a 406.603 millones de dólares[9].
Actualmente, la situación es aún peor que la heredada del gobierno de Cambiemos y, ello se debe a que el gobierno presidido por Alberto Fernández. Veamos:
- No se investigó la deuda dejada por la administración de Cambiemos[10].
- Al precio oficial, se vendieron 28.472 millones de dólares a las empresas privadas, para que éstas paguen supuestas deudas[11] con reservas internacionales del BCRA y merced a un superávit comercial que en los años 2020 a 2022 superó los 34.000 millones de dólares.
- Por la justificada asistencia a la población debido a la pandemia del covid-19, el déficit fiscal heredado se profundizó financiándose con la colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado interno, ajustables por inflación, por dólar oficial o por ambas cosas (Bonos dual) a un monto total de $ 57,5 billones[12], todo ello teniendo en cuenta que se había heredado deudas en pesos por un monto mucho menor[13].
- Se contrajo más la deuda con los importadores a quienes se les permitió comprar del exterior[14] a los que el mismo gobierno del Frente de Todos[15] le consintió suscribir letras (Lediv) en pesos a tipo de cambio oficial con cobertura dólar linked el cual se ajusta de acuerdo al precio del dólar oficial cuando nuestra moneda hoy se ha devaluado en más de un 100%.[16]
¡Ay Alberto!
Lo verdaderamente dramático del gobierno de Alberto Fernández, ha sido el hecho de que no aprovechó para investigar las condiciones de la toma de la deuda externa generada por el macrismo. En efecto, aceptó la totalidad de la misma acordando con los tenedores privados locales y extranjeros por 105.000 millones de dólares, los cuales se canjearon por títulos que generan intereses y comienzan a amortizar capital desde el segundo semestre de 2024, con vencimientos escalonados desde este año hasta 2041. Asimismo, acordó con el FMI para transformar un crédito stand by a tres años por un Plan de Facilidades Extendidas por el que cada vencimiento de capital se refinancia a diez años. De esa manera, la deuda con el FMI se cancelaría recién en septiembre de 2034.
Sobre llovido, mojado
Como resultado del incremento de la deuda externa, del aumento de la pobreza y de la indigencia, gran parte de la población eligió al libertario anarco capitalista Javier Gerardo Milei como Presidente de la República, quien profesa la defensa del libre mercado en el que sólo se contempla a los que tienen capacidad para comprar los bienes y servicios al precio que aquél determine .En efecto, si un producto no se vende en el mercado interno, se lo exporta y si no se puede exportar, se deja de producirlo.
No bien asumió el nuevo gobierno, éste devaluó nuestra moneda en más de un 100% y liberó los precios. Simultáneamente impuso el DNU 70/23 asumiendo plenos poderes y facultades y envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley (Mensaje 7/23) con el fin de avasallar derechos laborales mediante una reforma que anula el sistema de indemnizaciones y restringe el derecho a la huelga, convalidando así una alta tasa de desempleo. Asimismo suspendió la movilidad previsional, incluido el Banco de la Nación Argentina; convirtió sociedades del Estado en sociedades anónimas; anuló las leyes de abastecimiento y de góndolas; modificó la ley de alquileres permitiendo su contratación en divisas extranjeras; derogó la ley 26.737 de tierras rurales para permitir su extranjerización; modificó la ley 24.523 de minería otorgando estabilidad fiscal por treinta años; modificó al Código Aduanero; estableció una política de “cielos abiertos” flexibilizando el ingreso de aerolíneas extranjeras al mercado argentino y un sinfín de etcéteras. Todas medidas altamente ruinosas para nuestro país.
Tanto el DNU 70/23, como el mensaje 7/23 y proyecto de Ley “ómnibus” fueron redactados por grandes estudios de abogados[17] y contables[18] en beneficio del gran capital que opera en la Argentina para el gobierno de Cambiemos, aunque derrotada Patricia Bullrich, el improvisado gobierno de Javier Milei lo adoptó como propio. A su vez, funcionarios de su gestión, encabezados por Luis Caputo y Nicolás Posse, el 11 de enero de 2024 junto al equipo del FMI, dirigido por Luis Cubeddu, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental acordaron una revisión del acuerdo que había sido firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger el 20 de junio de 2018. En esta revisión se fijó para 2024 la meta de alcanzar un superávit fiscal primario del 2% del PIB que, en pesos, es equivalente a unos 10.000 millones de dólares. Simultáneamente, con respecto al año pasado las reservas internacionales netas del BCRA deberán incrementarse en 10.000 millones de dólares.
Como ya expresamos, por un lado, el gobierno devaluó nuestra moneda a fin de favorecer las exportaciones y encarecer las importaciones, pero al hacerlo también liberó los precios, lo cual ocasionó una escalada inflacionaria del 25,5% sólo en el mes. Todas estas medidas hicieron que la devaluación no recompusiera en términos reales el poder adquisitivo de las divisas en la Argentina por lo que, seguramente, deberán volver a devaluar y así sucesivamente. La demuestra “el campo”, que liquida lo estricto y necesario para cubrir sus costos fijos, pero regatea operaciones a futuro, de venta de soja y de maíz.
En este contexto, es incompatible cumplir con las metas fiscales y, paralelamente con el acrecentamiento de las reservas internacionales del BCRA, tal como lo impone el FMI. Al devaluar tanto al Estado nacional como a las provincias, así como al recaudar en pesos, resulta cada vez más oneroso obtener dólares. Como agravante, la inflación licúa el gasto en pesos (salarios, jubilaciones y pensiones), a lo que se suma la suspensión de gran parte de la obra pública. Hasta el momento, la población soporta estoicamente todas estas medidas que la perjudican de raíz. Esto facilita la probabilidad de cumplir la meta fiscal, mas no la cambiaria, máxime cuando en 2024 el Tesoro deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por 16.698 millones de dólares. Para que lo tengamos muy en claro, bajo el gobierno de Milei, el Estado nacional deberá pagar:
- Al Fondo Monetario Internacional: 7.258 millones de dólares
(Intereses: U$S 2.798 millones y Capital: U$S 4.460 millones). - En títulos públicos: 4.440 millones de dólares (cerca de la mitad está en manos del sector público).
- Al Club de París y otros organismos internacionales de créditos: 5.000 millones de dólares
Así las cosas, a menos que se vendan las acciones de empresas públicas y el Tesoro de la Nación se apropie del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS[19], el ya denominado gobierno de “los hermanos Milei” podrá renegociar una parte de la deuda externa pero, con los ingresos del erario público no podrá comprar los dólares necesarios para pagar las obligaciones externas y, simultáneamente, acrecentar las reservas netas del BCRA en 10.000 millones de dólares.
Alternativas propuestas a la crisis
Una vez aclarada la dramática situación económica a la que hemos sido arrojados los y las argentinos y argentinas, destacamos a continuación algunas de las muchas propuestas formuladas, para intentar salir de la nueva encerrona en la que, una vez más hemos caído.
Reabrir la investigación de la deuda contraída desde diciembre de 2015 a la fecha pues es inaceptable que, habiendo cerrado aquel año con una deuda pública bruta de 222.703 millones de dólares y teniendo en cuenta que a partir de entonces nuestro país ha ido decreciendo en su producción de bienes y servicios (PBI), hayamos llegado a una deuda de 452.071 millones de dólares[20].
Tal como lo han hecho otros países, conformar una Comisión Ciudadana para realizar la investigación y convocar especialistas en deuda pública.
Levantar el secreto fiscal y bancario, imprescindible para una investigación integral.
Sancionar a los evasores, solicitando colaboración tributaria a los demás fiscos.
Derogar la Ley de entidades financieras (1977) de Martínez de Hoz, vigente hasta la actualidad y con ella, el sistema de valorización financiera.
Conclusión (más ideas para el rescate de una república perdida)
El tratamiento y recuperación en manos argentinas del Río Paraná, principal vía fluvial de la Argentina, cuya administración nos permita controlar la carga de los productos exportados; la construcción del Canal Magdalena que permita conectar la vía marítima desde el Norte y el Sur del país[21]; la abolición el Tratado de Madrid y Londres de 1989/90, que regula toda la actividad del atlántico Sur permitiendo el saqueo del recurso pesquero argentino; el control los recursos estratégicos de la minería en nuestro suelo; la visibilización pública del tratamiento de las inversiones extranjeras como el caso Chevron en Vaca Muerta que continúa oculto, así como al acuerdo de garantía de inversiones con Gran Bretaña que no ha sido observado por ninguna de las administraciones desde su firma por Carlos Menem son algunas de las propuestas complementarias para volver a construir un país con verdadera soberanía económica.
[1] La paridad oficial era de 17,62 australes y en un poco más de dos años, el 1 de abril de 1991, el tipo de cambio se fijó en 10.000 australes por un dólar y es la causa directa que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en el año 1989 y de 2.314% en el año 1990.
[2] En términos reales las privatizaciones sirvieron para que ingresaran a las arcas del Tesoro de la Nación unos U$s 6.000 millones de dólares en efectivo, pero el Estado debió incrementar la deuda externa de la administración nacional en U$s 20.819,8 millones en títulos de mediano y largo plazo.
[3] Debido a la conversión 1=1 de dólares a pesos de todas las deudas empresarias con el sistema bancario, fruto de una presión de empresarios y banqueros sobre el presidente Eduardo Duhalde.
[4] El incremento fue del 5700 %.
[5] Hipotecas segunda y terceras para generar créditos y la venta de esas carteras, en los EE.UU.
[6] 20.043 millones de dólares.
[7] 69.038 millones de dólares.
[8] Último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, en enero 2024.
[9] De los cuales, en moneda extranjera, es de 266.933 millones de dólares (incluye 74.731 millones de dólares con organismos internacionales de créditos, principalmente el FMI). Pero la deuda en moneda nacional que es equivalente al tipo de cambio oficial a 139.670 millones de dólares, en su mayor parte es ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, que se basa en la inflación medida por el IPC del INDEC) y/o por dólar linked (ajuste del dólar oficial).
[10] Con esa deuda se hubieran podido recuperar los puertos, volver a tener marina mercante, se hubiera podido construir un millón de viviendas, pero no se compró un ladrillo y no hay ningún informe sobre el destino final de la misma.
[11] Datos del Balance Cambiario al 30/09/2023.
[12] Equivalente en pesos a unos 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
[13] La deuda interna (títulos en pesos) a diciembre de 2019 era en Bonos en pesos (de ese año) 2.113.247 millones (de los cuales el 60,8% era en títulos ajustables por CER y el 39,2% a tasa fija) y a ello se le debe sumar las Letras por 561.577 millones de pesos (89,11% ajustable y 10,89% a tasa fija) Secretaría de Finanza de la Nación. Ajustando dichos montos por el IPC del INDEC no es no tan siquiera la tercera parte de la deuda en pesos que generó el gobierno del Frente de Todos.
[14] Mayoritariamente de sus casas matrices, como es el caso de las empresas de energía y automotoras, además de las armadurías de productos electrónicos en Tierra de Fuego.
[15] Mediante las comunicaciones A 7874 y 7877 del BCRA.
[16] Actualmente el gobierno de Milei extiende el beneficio en un título denominado BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, comunicación A 7918 del BCRA), que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante que recién se está armando el registro de los beneficiarios. El propio gobierno de la LLA estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.
[17] Como el de Bruchou y Funes de Rioja, Marval O’Farrell & Mairal.
[18] Como KPMG y Lisicki, Litvin & Asociados.
[19] Como se propone en el Mensaje 7/23 del PE conocido como “Ley Ómnibus” en cuyo artículo 226, el señala: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 897/07 al Tesoro Nacional. Facultase el PODER EJECUTIVO NACIONAL a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”.
[20] Para ello se debe volver a presentar en el Congreso de la Nación el Proyecto del Senador Oscar Parrilli (Exp.0016-S-2022), determinando la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda externa con contribuciones provenientes de quienes fugaron capitales sin cumplir con sus obligaciones tributarias legales o se beneficiaron manifiestamente del acuerdo contraído ilegalmente con el FMI por el Gobierno de Mauricio Macri. En el mismo se exige a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) que convoque a los compradores de dólares de la deuda pública argentina, tanto personas como administradores de las empresas, para que justifiquen la operatoria y, en caso de corresponder, multarlas por evasión fiscal. Esa multa sanearía las cuentas públicas y disminuiría la deuda bruta de la Nación.
Imagen de tapa: Marta MINUJÍN, Pago de la deuda externa. Secuencia del registro de la performance realizada en colaboración con Andy Warhol, 1985.