“LIBERTAD DE ELECCIÓN” versus USO RACIONAL del MEDICAMENTO

El decreto que permite la venta de medicamentos de venta libre en góndolas y establecimientos no farmacéuticos desata una nueva polémica. Más allá de promesas de “libertad de elección”, los expertos advierten sobre riesgos como la automedicación y la desinformación. Rosana Herrera de Forgas nos ofrece una mirada crítica sobre las implicancias de esta medida.

“LIBERTAD DE ELECCIÓN” versus USO RACIONAL del MEDICAMENTO

por Rosana Herrera de Forgas

“Confundir medicamentos con salud es como confundir revólveres con seguridad y tenedores con alimentación”

Ginés González García

El gobierno de Milei nos sorprende todos los días con una nueva atrocidad o, dicho de otra manera, los argentinos amanecemos todos los días con un nuevo derecho conculcado.

No debería asombrarnos a once meses de asumido -mucho menos luego de escuchar sus promesas electorales- porque todos sabemos que vino para eso: para concentrar aún más la riqueza en las manos de los poderosos de siempre y sumir a las poblaciones más vulnerables en patologías sociales crónicas como son ya el hambre, el desempleo, el subempleo, la enajenación de los recursos naturales, la desfinanciación de programas sanitarios, nutricionales, culturales, más endeudamiento y tantos etcéteras que, desde luego, no son el objeto de análisis de esta publicación.

Patologías que jamás podrían existir -ni mucho menos agravarse- sin la complicidad de otros sectores de la política y de la sociedad como son, por ejemplo, los medios masivos de desinformación.

El derecho a la información existe para todos los ámbitos en los que los ciudadanos nos desempeñamos, pero, cuando hablamos de políticas sanitarias, ese derecho adquiere características por demás especiales, incluso hay autores que señalan que la información fiable y oportuna forma parte del tratamiento.

Y si hablamos de información fiable cuando estamos refiriéndonos a los medicamentos, tenemos que aceptar que el único profesional habilitado académica y legalmente para abordar la compleja problemática que ellos generan, es el farmacéutico, porque lleva consigo una carrera universitaria de seis años de duración y porque en todos los países serios del mundo es una pieza clave dentro del equipo integrado de salud. Salvo en la actualidad, en la Argentina. A las pruebas me remito:

Desde el 19 de noviembre próximo pasado está vigente el Decreto 1024/24, que establece textualmente, según el comunicado de prensa subido a la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación: “Se podrá acceder sin intermediarios a los precios de medicamentos de venta libre en góndolas a la vista en farmacias”. Señalando como único “fundamento” que la medida apunta a cortar la asimetría de la información en materia de precios de los medicamentos y “favorecer la libre elección de los ciudadanos”.

El decreto establece también que “en los establecimientos que no estén habilitados como farmacias, la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre estará limitada a los antiácidos y los analgésicos”

Pero redobla la apuesta porque el decreto no restringe la venta de analgésicos y antiácidos solamente a kioscos y farmacias, sino que autoriza a que puedan “despacharse” en otros “establecimientos comerciales” que cumplan con los requisitos sanitarios.

Aclaro que los encomillados y subrayados, en todos los casos me pertenecen porque son expresiones que palmariamente demuestran la distorsión conceptual en la que incurre el mencionado instrumento legal. Y no se trata de meras cuestiones jurídicas o técnicas, sino que develan la verdadera intención que está siempre por detrás de las políticas neoliberales.

Los farmacéuticos no son intermediarios, los ciudadanos no eligen libremente qué medicamento administrarse -lo hace el médico-. Para lo que sí se facultó al consumidor, desde el 25 de agosto 2002 con la ley nacional 25649, -y la provincial 7230- es a elegir, de acuerdo a su capacidad de bolsillo, la marca comercial del fármaco, siempre con la garantía que le brinda que los medicamentos sean dispensados -y no despachados-, en una oficina de farmacia habilitada por la autoridad sanitaria competente y con la presencia del farmacéutico director técnico o auxiliar.

Por último, la farmacia no es un establecimiento comercial sino una institución de salud -pública si está dentro de un hospital, de la seguridad social si pertenece a una obra social o prepaga y privada si se trata de una oficina o está dentro de un sanatorio.

Esta larga introducción pareciera más una defensa corporativa de la profesión que este gobierno desacredita con este decreto y no es el propósito, sino que intento diferenciar el marco en el que se ejecutan políticas sanitarias cuando se piensa en el rédito económico para unos pocos y no en el beneficio para la comunidad.

Adquirir medicamentos sin receta médica es incurrir en el flagelo de la contemporaneidad como es la automedicación que mató en promedio a 75 argentinos por día en el 2014, -según fuentes del Sindicato Argentino de Farmacia y Bioquímica- y a 700.000 personas por día en el mundo, hasta el año 2021, según la OMS.

Pero nos estamos auto medicando cuando vamos a la farmacia y simplemente pedimos un antibiótico, un analgésico, un fármaco para prolongar la erección o un purgante, porque podemos adquirirlo sin la indicación médica, son de venta libre obedeciendo a las publicidades de laboratorios que atormentan a los más desprevenidos y hacen estragos en la mente de los hipocondríacos: “ante cualquier duda consulte con su médico o farmacéutico” que a buen entendedor significa que primero lo compre y si no me va muy bien, recién consulte.

Pero esta problemática apasionante para quienes dedicamos una vida entera a estudiarla, es también harina de otro costal. Porque está estrechamente relacionada a muchos aspectos, entre ellos, la DESinformación, la SOBREinformación, los costos en salud, etc, etc y daría para otra publicación y en ésta, lo que queremos analizar son los efectos colaterales de un decreto del PE muy perjudicial para la población.

Los responsables de los Colegios Profesionales y de las sociedades científicas que cuestionan el decreto de Milei “porque fomenta la automedicación” están incurriendo en una falacia, o si pretendemos no ser tan taxativos, no están definiendo correctamente los eventos adversos de esta medida.

Porque lo que se logra con la desregulación, es decir que establecimientos no farmacéuticos puedan despachar fármacos-ahí sí corresponde el término- es atentar contra el uso racional del medicamento. Política que, en las sociedades altamente medicalizadas como la nuestra, por un lado, es una de las herramientas más efectivas para lograr mejores estándares de calidad de vida, pero por otro lado es el arma que se usa en la constante guerra contra las “travesuras” de la industria lícita más poderosa del planeta como es la farmacéutica.

Volviendo al inicio de lo que se podría analogar como una proclama sectorial: es un profesional farmacéutico dentro de una farmacia habilitada, la única garantía que tiene un consumidor de que su fármaco esté correctamente almacenado; de que forme parte del circuito legal de adquisición y distribución: Laboratorio- Droguería- Farmacia- Paciente; de conocer la trazabilidad. La única garantía de un asesoramiento profesional en cuanto cuál es la presentación que corresponde administrarse, la dosis, la posología, para que le informe sobre las marcas similares con la misma biodisponibilidad. En definitiva, para que lo acompañe con seguridad en el penúltimo paso que recorre un medicamento antes de entrar en acción: la dispensa -el último es la administración que puede ser oral, intramuscular, endovenosa, subcutánea y que, según el caso, corre por cuenta del propio paciente o de un profesional de la enfermería-

Dejo librado a la interpretación de cada uno, cuáles son las verdaderas intenciones de la medida que alude a la mentira de la libertad de elección e invito a que se discuta la misma en todos los ámbitos donde sea posible, recordándoles, que en la década del 90 fracasó rotundamente, se incrementaron muchísimos las ventas ilegales, apareció el mercado negro y lo que es aún más llamativo: los precios se incrementaron y el abandono de las farmacoterapias por parte de los pacientes crónicos fue realmente alarmante. Y luego de lamentar situaciones irremediables, en 2009 recién se volvió a restringir la venta de medicamentos exclusivamente en los locales de farmacias.

En un país con normalidad jurídica, garantizar la salud de la población es responsabilidad de las provincias por mandato constitucional -ya que se trata de un régimen republicano y federal-. Por lo que son las provincias las que deberían adherir a la norma recientemente anunciada, con un decreto o una ley de adhesión. En el escenario actual, con facultades extraordinarias delegadas al presidente, todo es discutible por lo controvertido. Y en Tucumán, no es difícil imaginar cuál podría ser la actitud de nuestros dirigentes.

Final abierto para un nuevo atropello libertario.

Imagen de portada: Alejandro KUROPATWA, Rosa (de la serie Cóctel, detalle). Fotografía full color. 130 x 100 cm. 1996