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ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA TODAS LAS PERSONAS GESTANTES

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA TODAS LAS PERSONAS GESTANTES

En Tucumán no contamos con un Protocolo de Salud Sexual y Reproductiva. Tampoco se ha legislado en materia de Educación Sexual Integral. Como si esto fuera poco, las principales autoridades de la provincia a la cabeza, parte del oficialismo y una oposición que integra Fuerza Republicana -partido cuyo líder reivindica la dictadura genocida- se manifiestan juntos en una marcha para rechazar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Desde Sin Miga invitamos a las tucumanas que participaron del debate que se abrió en el Congreso de la Nación con el fin de compartir una síntesis de sus exposiciones. Formadas en la UNT, con argumentos sólidos basados en evidencia científica y en los estándares internacionales sobre derechos humanos, ellas dan cuenta de la necesidad de legalizar el aborto para saldar una gran deuda pendiente de nuestra democracia porque, como afirman muchas voces públicas y especialistas, “en Argentina, sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase”. Consecuentemente, creemos que lo mejor que puede pasarnos es la implementación urgente de las tres cuestiones que figuran en el lema de las luchas por el aborto legal: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

 

 

 

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA TODAS LAS PERSONAS GESTANTES

Por Alejandra Iriarte

 

No puedo hablar de aborto si no es desde mi experiencia personal, que está mediada por mis privilegios en tanto mujer bisexual, blanca, de clase media, universitaria, abogada y tucumana.

En primer lugar quiero destacar que no sólo abortamos las mujeres heterosexuales sino también las lesbianas, las masculinidades trans y las trans no binarias, porque algo que me preocupa es que se haya excluido de la discusión a los cuerpos con capacidad de gestar que no son sólo los de las mujeres heterosexuales, reproduciendo así una restringida mirada binaria y biologicista.

Lo que nos une a todas las personas que abortamos es el silencio. Durante años no hablamos de nuestros abortos ni en las villas ni en los countries, ni las mujeres heterocis ni los varones trans. Abortamos con más o menos riesgos, pero lo hacemos a escondidas porque tenemos miedo al castigo real y al simbólico. Efectivamente, nos han negado el derecho a cuidarnos entre nosotras, a acompañarnos y a aconsejarnos, porque ¿quién sabe más y mejor cómo abortar que una compañera, una amiga o una madre que ya lo hizo? Lo que dramatiza al aborto es el estigma que lo rodea, el miedo a la sanción penal, social o familiar; estigmas propios de un esquema cultural valorativo capitalista y patriarcal con enorme influencia de la iglesia católica y de sus valores morales; por eso, estas discusiones tienen tanto ver con la laicidad del Estado argentino.

La despenalización y el acceso al aborto legal no son una sólo cuestión de valores morales, ideas filosóficas o creencias religiosas, sino una deuda pendiente de nuestro Estado en materia de salud pública, derechos humanos y justicia social. Así, impedir el acceso al aborto voluntario mediante la penalización de un procedimiento médico que sólo determinadas personas necesitan, constituye una práctica discriminatoria y, como tal, una violación a la constitución nacional y a los tratados de derechos humanos.

En la provincia de Tucumán, la posibilidad de la sanción penal es la que traza una brecha entre quienes podemos abortar por fuera del sistema público de salud; y quienes no pueden hacerlo, viéndose expuestas al riesgo de ser perseguidas por el sistema penal. La criminalización de Belén y los dos años que pasó presa, son un claro ejemplo de ello.

El derecho penal sigue apareciendo como una herramienta para expresar y controlar los cuerpos gestantes y ésta es la información que pudimos hacer pública en el libro “Jaque a la Reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán” que escribí co-autoría con Soledad Deza y Mariana Álvarez.

En la justicia tucumana, entre los años 2003 a mediados de 2012 se radicaron un total de 282 denuncias por aborto. De acuerdo al régimen de punibilidad consagrado en nuestro derecho, obviamente no es punible el aborto natural o espontáneo; sin embargo, durante el período mencionado, 22 mujeres fueron denunciadas a pesar de haber padecido ese tipo de abortos. Frente a estos datos, nos preguntamos: ¿qué es lo que se busca?; ¿cuál es el fin de la norma?; aun en un caso de aborto espontáneo ¿señalar que en todos los casos lo que debe ser protegido es el embrión?; ¿o castigar a los cuerpos gestantes para disciplinarnos?; ¿cómo podremos tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo, si por detrás están el código penal y el sistema de salud amenazándonos con sanciones al punto de que muchas de nosotras podríamos ser castigadas a raíz de un aborto espontáneo? Por todas estas razones, es necesario dar un mensaje claro abandonando los valores morales con los que se estigmatiza una práctica médica y la decisión autónoma de personas con capacidad de gestar. De lo contrario este tipo de situaciones absurdas continuarán sucediendo a costa de la salud y de la dignidad de las mujeres heterosexuales, de las lesbianas y de las masculinidades trans quienes, frente a este contexto punitivo, terminan optando por prescindir del sistema de salud.

Hasta ahora, lo que nos ha salvado fueron las organizaciones en red, la militancia diciendo que del aborto sí se habla y la democratización del conocimiento sobre la posibilidad del aborto medicamentoso que nos ha brindado la posibilidad de abortar por fuera del sistema médico hegemónico y de la amenaza de la sanción penal. En efecto, el “misoprostol” nos permite interrumpir un embarazo fuera del circuito de la clandestinidad y el miedo.

Por estas razones, el Congreso debe legislar de modo urgente en pos de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional así como la condición de igualdad del pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, es imprescindible que la despenalización del aborto vaya acompañada de una ley de orden público de aplicación obligatoria para todas las provincias a través de la cual se garanticen los presupuestos mínimos de acceso al aborto seguro de manera equitativa a lo largo y ancho del país porque, si bien las organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans salvan vidas, necesitamos de un marco jurídico que nos acompañe. Somos conscientes de que la ley por sí sola no solucionará todos los problemas, pero el movimiento feminista organizado estará junto a la ley para exigir su respeto y cumplimiento. Que sea ley.

 

Alejandra Iriarte
Abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, diplomada en la especialización de posgrado sobre “Mujeres y Derechos Humanos” en la Universidad de Chile. Co-autora del libro “Jaque a la Reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán”. Asesora parlamentaria en el Congreso de la Nación.