LAS PRÁCTICAS REPRESIVAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN TUCUMÁN: UNA MIRADA LOCAL

LAS PRÁCTICAS REPRESIVAS DEL TERRORISMO DE ESTADO EN TUCUMÁN: UNA MIRADA LOCAL

Por Bruno Salvatore, Ezequiel Del Bel, Sofía Neder y Constanza Cattaneo

Una de las huellas más significativas que dejaron las “dictaduras de nuevo tipo”[1] fueron la masiva represión llevada a cabo sobre la población civil, la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y el terror y silenciamiento de las voces como consecuencia de un despliegue represivo sin precedentes en Latinoamérica.

Los procesos dictatoriales que se desarrollaron en el Cono Sur entre las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, significaron contextos de militarización e interrupciones sistemáticas al orden constitucional a modo de golpe de Estado. La dictadura instaurada en 1964 en Brasil, viene a marcar el inicio de una sucesión de golpes a nivel regional que se desarrollaron en Bolivia, en 1971; Chile y Uruguay, en 1973 y en Argentina, en 1976^[2], y que culminan con la dictadura chilena en 1990, signando un periodo atravesado por la violencia política y la represión (Slatman, 2012).

Todo este emprendimiento militar fue caracterizado por Atilio Borón (1991) como una fase precisa de la evolución del sistema capitalista, donde las economías globales que antes obtenían sus riquezas mediante el sistema de “comercio exterior” y “exportación”, comienzan a interesarse y a establecerse dentro de los propios mercados de la periferia, obteniendo así un incremento en ganancias en un claro cambio de los modos de acumulación.

Prácticamente todos los componentes dictatoriales pensaron el conflicto social en términos bélicos, con una lógica estructural orientada a una situación de guerra contrarrevolucionaria, sostenidas por vía de la Doctrina de la Seguridad nacional (DSN)^[3].

La instalación del terror de Estado en Argentina, tuvo una trayectoria previa.

Sobre el final del período dictatorial de Juan Carlos Onganía (que se extendió desde 1966 a 1973) ya se habían estructurado una serie de formas y métodos que involucraban la desaparición forzada, las torturas y el régimen carcelario. El regreso a la vida constitucional con el triunfo del Justicialismo parecía marcar la interrupción de la violencia política, pero la masacre de Ezeiza en junio de 1973, vino a plantear la antesala de la represión por parte de la derecha peronista hacia la izquierda de su propio movimiento. Se fue construyendo así, a lo largo de toda esa etapa constitucional una lógica político-represiva centrada en la idea de eliminación de un enemigo interno.

Desde inicios de 1974 se incrementó la represión a través de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y grupos similares. Se aprobaron directivas y normas legales secretas, se reinstaló la censura informativa y cultural, crecieron las detenciones y el agravamiento de las penas y condiciones carcelarias. Finalmente, en marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado y se dio inicio a la última dictadura militar caracterizada por los Centros Clandestinos de Detenidos, las prácticas de torturas, muertes, robos, asesinatos y exilios.

Este recorrido es el relato “oficial” más difundido por las instituciones nacionales de la violencia represiva militar en el país, sin embargo, aquí es que encontramos prioritarias las tareas de deconstrucción de las interpretaciones “nacionales homogeneizantes”, y asimismo la necesidad de repensar la noción y temporalidad de la represión en Argentina, donde el corte temporal más que un recuento histórico puede resultar un obstáculo.

El crescendo de violencia estatal iniciado en 1974 explotó en febrero de 1975 mediante el decreto presidencial N° 261/75, que dio inicio a los secuestros, torturas y asesinatos de miles de personas y la instalación de Centros Clandestinos de Detención en el sudoeste de la provincia de Tucumán. El proceso represivo militar fue denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán y significó el acantonamiento miles de soldados de las Fuerzas Armadas en la zona rural (principalmente en las localidades de Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros) que se encargaron de los secuestros, torturas y asesinatos de miles de personas en Centros Clandestinos de Detención. La nueva modalidad represiva a cargo de las FF.AA. vino a representar el laboratorio de experimentación que justamente a partir del 24 de marzo de 1976, se sistematizó en todo el país (Franco, 2012). Este laboratorio implicó desde el manejo del territorio, de las poblaciones, una cara visible con políticas de acción cívica como la entrega de útiles escolares, las campañas de vacunación, entre otras; y una fase no visible, la clandestina, caracterizada por la instauración de una decena de espacios de reclusión a lo largo y ancho de la provincia. Para tal fin, se utilizaron espacios que funcionaban como escuelas, comisarías, e ingenios azucareros y espacios vinculados a éstos, hasta incluso casas de familias. El tránsito por estos espacios iniciaba un circuito que finalizaba con la desaparición del cuerpo de los detenidos. El formato de los circuitos y la instauración de los espacios de inhumación clandestina fueron mutando con el transcurrir del operativo.

Analizar al proceso represivo militar en su contexto de prácticas locales radica en la importancia de hacer foco en la dimensión provincial, en poder comprender los matices que tiene el proceso en Tucumán con respecto al contexto nacional.

Desde hace más de una década se conformó el Laboratorio de Investigaciones. Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT), generando un espacio de investigación que hace hincapié en esas particularidades locales. Arqueólogues y profesionales y estudiantes de esa y otras disciplinas, han contribuido en reconstruir el funcionamiento de dos de los Centros Clandestinos más grandes que funcionaron en la provincia, el caso de Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y “Escuelita de Famaillá”.

El sur tucumano también ha sido eje de las investigaciones, ya no sólo haciendo foco en los centros clandestinos, sino en las poblaciones en general impactadas por la ocupación militar.  Esto ha permitido que ese conocimiento generado sirviera para ser expuesto en los contextos de los Juicios de Lesa Humanidad efectuados en la provincia e incluso parte de la información generada ha sido utilizada como base para revertir las condenas de absolución a ex militares, como la reciente sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó las condenas de hasta prisión perpetua para una serie de acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del “Operativo Independencia”, donde los resultados de una tesis doctoral, producida desde nuestro colectivo, fueron incorporados en la sentencia[4].

La importancia de pensar al proceso represivo militar en su contexto de prácticas es productiva para pensar también a las democracias actuales, y es justamente este marco lo que impulsa a los organismos de DD. HH. a denunciar las violaciones a los DD. HH. en Argentina cometidas en la actualidad. Entonces, para poder pensar al estado constitucional como agente represor solo basta con analizar las formas represivas utilizadas. Este tipo de investigaciones tiene el potencial de contribuir a la búsqueda de verdad, de Memoria, dando a luz nuevos relatos sobre los hechos sucedidos en la provincia; y justicia, participando como evidencia en los juicios de Lesa Humanidad.

[1] Atilio Borón ha acuñado el concepto de “dictadura de nuevo tipo” para pensar las novedosas experiencias dictatoriales que ya nada tenían en común con las dictaduras tradicionales, al mismo tiempo que se diferenciaban de las experiencias del fascismo europeo: por los grupos represaliados, por su temporalidad, despliegues, clases sociales involucradas, el empresariado comprometido y el reordenamiento del capitalismo global en el Cono Sur

[2] La utilización del término dictadura va a referir a lo que Atilio Borón denomina “dictaduras militares de nuevo tipo”, que pueden enmarcarse dentro de un límite temporal y espacial: se desarrollaron en el Cono Sur, concentrando el foco a partir de los años 70’.

[3] Esta doctrina, que sustentó a los regímenes dictatoriales, fue elaborada en un contexto histórico de los años de la Guerra fría entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el grupo de países socialistas encabezados por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su área de influencia. En esta contraposición, América latina quedó bajo la influencia de Estados Unidos, potencia que intentaba contener el avance del comunismo frenando cualquier proyecto alternativo de cambio social, con la represión brutal contra la parte insurgente según un modelo de conflicto que no distinguía entre combatientes y no combatientes (Alonso, 2013).

[4] Ver tesis Cattaneo, C. (2020).

BIBLIOGRAFIA

• Borón, A. (1991). El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina. En A. BORON (Ed.), Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Imago Mundi.
• Cattaneo, C. (2020). Espacios de confrontación y desaparición. Efectos sociales de las transformaciones en la estructura productiva en el Ingenio anta Lucia, Dpto. Monteros, Tucumán. 1966-1982. Tesis Doctoral para optar por el título de Dra. En Arqueología presentado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
• Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación: orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976. Fondo de Cultura Económica.
• Slatman, M. (2012). Archivos de la represión y ciclos de producción de conocimiento social sobre las coordinaciones represivas en el Cono Sur de América latina. http://taller.historiaoralargentina.org/

Imagen de tapa: Vilas jefe de la V Brigada a cargo del Operativo Independencia con funcionarios del gobierno provincial entre ellos el gobernador Amado Juri (Archivo La Gaceta, febrero 1975, Tucumán)