DESNATURALIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS UNIVERSIDADES

DESNATURALIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS UNIVERSIDADES

por Florencia Laura Rovetto

La construcción de un campo de conocimiento y acción propio de los feminismos académicos y militantes para abordar el problema de las violencias sexistas en todos los ámbitos sociales lleva ya algunos años de desarrollo en nuestro país, poniendo en diálogo aproximaciones teóricas con indagaciones empíricas y propuestas de políticas públicas e intervenciones cada vez más integrales y efectivas, que han contribuido a visibilizar de manera decisiva el fenómeno de las violencias sexistas como un problema social (no sólo individual), de orden público (no únicamente privado), y de competencia de todas las instituciones, no sólo las judiciales.

En las Universidades públicas, también la problemática de la violencia por razones de género ha ganado terreno de múltiples maneras. Esto se puede constatar tanto en la producción teórica y en las indagaciones empíricas, como en el desarrollo de propuestas de intervención y gestión. Tales avances se fueron intensificando luego del primer Protocolo creado para abordar las violencias sexistas en la Universidad Nacional del Comahue, en 2014. La elaboración e implementación de los protocolos fue la respuesta construida por los activismos feministas al interior de las universidades para atender “lo urgente”: escuchar, contener y acompañar a las personas que padecen violencia con marcos normativos adecuados, revisar prácticas naturalizadas y desarrollar estrategias de prevención y sensibilización, con el propósito de construir abordajes integrales y sensibles, así como pedagógicos y reparatorios.

Desde entonces hasta el presente, el 73,8% de las Universidades Públicas cuentan con herramientas similares (Torlucci, Vázquez Laba y Pérez Tort, 2019), destinadas principalmente a garantizar espacios de atención y acompañamiento[1]. Estas iniciativas hicieron indispensable promover, a la par, otras estrategias orientadas a erradicar y desnaturalizar las condiciones que hacen posible la existencia de las violencias sexistas, irrumpiendo, como nunca antes, en la agenda universitaria.

También se popularizaron conceptos que tenían algunas décadas de desarrollo y son parte del corpus teórico elaborado por los estudios de género y feministas, como “paridad de género”, “división sexual del trabajo”, “brecha de género”, “segregación vertical”, “techo de cristal” o “políticas de conciliación/cuidados”, “trato digno”, y que hoy forman parte de un vocabulario bastante extendido en las universidades, pero también en la jerga pública impracticable hace unos pocos años atrás.

Sin dudas, la contundente movilización de “Ni Una Menos” (3 de junio de 2015)[2], le dio mayor visibilidad pública a la lucha contra la violencia sexista en todos los ámbitos, impactó de lleno en la política y la vida universitaria, develando mecanismos sexistas y sus efectos sobre las mujeres y las personas con sexualidades o expresiones de género no normativos.

Un punto de inflexión en este proceso fue el lanzamiento de la “Red Interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias” en septiembre de 2015 que se incorpora, en 2018, como Red Universitaria de Género (RUGE) al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), desde donde se propuso avanzar en el diseño y desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las violencias en todo el sistema universitario.

Hoy, la RUGE está abocada al fortalecimiento de protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual en las instituciones que conforman la red; la organización de encuentros y clínicas de casos; la realización de un relevamiento del estado de situación de las políticas de género en el sistema universitario y la implementación de las capacitaciones obligatorias establecidas en el marco de la Ley Micaela (Ley 27.499)[3].

En este punto interesa destacar la importancia de ampliar y sostener las redes feministas que vamos construyendo al interior del sistema universitario en diálogo permanente con otras instituciones y organizaciones sociales para interpelar la matriz patriarcal que sostiene y reproduce desigualdades y violencias de género a través de creencias y prácticas en todos los ámbitos de la vida (Martín, 2021).

En este camino se ha puesto en primer plano la responsabilidad institucional para erradicar las violencias sexistas, pero también han emergido, como era lógico de suponer, formas de resistencia y obstáculos concretos que las instituciones presentan mediante procedimientos administrativos dilatorios, trabas burocráticas, lógicas de funcionamiento del poder machista que dificultan o socavan los procesos de implementación de los protocolos y sus perspectivas reparatorias y pedagógicas de abordaje.

A esto se suma el problema de que la mayor parte de los estatutos universitarios y regímenes disciplinarios, así como les funcionaries y personal encargado de aplicarlos a través de las áreas jurídicas, reproducen las fallas sistémicas y no cuentan con perspectiva de género ni experiencia específica sobre la problemática.

A su vez, se ha hecho evidente que las violencias sexistas no pueden ser reducidas a comportamientos patológicos o individuales, ni pueden resolverse exclusivamente en el acompañamiento caso por caso. Por el contrario, requieren la instrumentación de estrategias sostenidas en el tiempo, construidas desde el diagnóstico de cada contexto, que permitan dar el salto a miradas comunitarias para la erradicación de las violencias en nuestras instituciones, desterrando los mecanismos que las habilitan y las complicidades que las sostienen (Rovetto y Figueroa 2017; 2020).

.

Para revertir estas situaciones, las apuestas comunitarias como la formación de promotoras contras las violencias, los espacios grupales de atención e interpelación a varones que ejercen violencia, entre otros, pretenden desmontar el clima de tolerancia ambiental a las violencias, habilitando prácticas de autodefensa e impugnación colectiva de las mismas. La efectividad de estas propuestas requiere desarrollar estrategias de acción directa e inscribirlas en un campo de disputa política de sentidos, recogiendo la tradición de los feminismos radicales de la década del ‘60 que sentaron las bases para politizar lo personal y transformarlo en conocimiento colectivo, mediante los grupos de autoconciencia y espacios de sensibilización que desnaturalicen las condiciones que permiten que las violencias sexistas pervivan.

Por último, al momento de trabajar con las sanciones efectivas, emergen preguntas recurrentes que interpelan las intervenciones en el marco de las instituciones educativas, y que son parte de los debates feministas que desde hace tiempo cuestionan la deriva punitivista o las recetas simplistas que asocian el cese de las violencias a los castigos cancelatorios: ¿qué hacemos con los agresores? ¿Qué capacidad tiene el castigo en tanto forma privilegiada de gestión de estas situaciones? (Faur, 2018; Figueroa, 2018).

Sabemos que la agenda feminista en las Universidades no se agota en la batalla contra las violencias, sino que es parte de una historia larga de articulación y confluencia que hoy puja por transformarlo todo. También sabemos que asumimos el desafío de construir políticas y agendas de trabajo que mientras defienden la educación pública, la transforman en un sentido democratizador, removiendo la matriz cultural machista que atraviesa a toda la sociedad.

[1] En el presente hay 45 universidades con Protocolos/Procedimientos aprobados, representando el 73,8% del sistema universitario. Desde el 2015 la cantidad de universidades que aprobaron sus protocolos aumentaron de forma continua, del 9% en 2015 al casi 30% en 2017.

[2] La primera movilización de “Ni Una Menos” se organizó tras la noticia del femicidio de Chiara Paez, el 10 de mayo de 2015 en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. Con este caso se inicia una reacción en cadena que comienza a circular por las redes sociales (principalmente, Facebook y Twiter) y, rápidamente, ocupó todo el arco mediático convocando a la movilización del 3 de junio.

[3] La sanción de la Ley Micaela en diciembre de 2018 instituyó, entre otras legalizaciones, el carácter obligatorio de la formación en género para funcionaries de los tres niveles del Estado. Si bien las Universidades en argentina son públicas, tienen autonomía, es por esto, que en 2019 en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), les rectores de todas las universidades del país votaron la adhesión a las capacitaciones en género y violencias sexistas, con el objetivo de formar y sensibilizar a cada una de sus comunidades.

Bibliografía

• Faur, E. (2018). De la pedagogía del escrache a la pedagogía del deseo. Revista Anfibia, UNSAM. Disponible en: http://revistaanfibia.com/cronica/del-escrache-la-pedagogia-del-deseo/.
• Figueroa, N. (2018). No nos callamos más: el giro denunciante y las limitaciones del punitivismo”. En Victoria Freire, La cuarta ola feminista (35-42) Buenos Aires: Oleada / MalaJunta.
• Martin, A. L.(comp.) (2021) RUGE, el género en las universidades. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: RUGE-CIN.
• Rovetto, F. & Figueroa, N. (2017). “Que la universidad se pinte de feminismos” para enfrentar las violencias sexistas, en Revista Descentrada, 2. Facultad de Periodismo, La Plata.
• Rovetto, F. & Figueroa, N. (2020). Los feminismos frente a las violencias machistas: conversaciones compartidas sobre nuestras prácticas cotidianas. Rosario: UNR Editora.
• Torlucci, S., Vázquez Laba, V. & Pérez Tort, M. (2019). La segunda reforma universitaria: políticas de género y transversalización en las universidades. Revista científica de la red de carreras de Comunicación Social 9, Universidad Nacional de La Plata.

Imagen de tapa: Aprobación de Res. Lenguaje inclusivo y no sexista (UNR) (Fuente: @agesex)