porque lo Importante es el contenido - ISSN 2545-8353

LEGISLEN PARA EL FUTURO

LEGISLEN PARA EL FUTURO

En Tucumán no contamos con un Protocolo de Salud Sexual y Reproductiva. Tampoco se ha legislado en materia de Educación Sexual Integral. Como si esto fuera poco, las principales autoridades de la provincia a la cabeza, parte del oficialismo y una oposición que integra Fuerza Republicana -partido cuyo líder reivindica la dictadura genocida- se manifiestan juntos en una marcha para rechazar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Desde Sin Miga invitamos a las tucumanas que participaron del debate que se abrió en el Congreso de la Nación con el fin de compartir una síntesis de sus exposiciones. Formadas en la UNT, con argumentos sólidos basados en evidencia científica y en los estándares internacionales sobre derechos humanos, ellas dan cuenta de la necesidad de legalizar el aborto para saldar una gran deuda pendiente de nuestra democracia porque, como afirman muchas voces públicas y especialistas, “en Argentina, sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase”. Consecuentemente, creemos que lo mejor que puede pasarnos es la implementación urgente de las tres cuestiones que figuran en el lema de las luchas por el aborto legal: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

 

 

LEGISLEN PARA EL FUTURO

por Edurne Cárdenas

 

Durante casi dos meses de debate han podido plantearse distintos puntos de vista, muchos de ellos alejados de la evidencia o del rigor. Todos han sido escuchados, en un ejercicio democrático, paciente, que está siendo mirado, seguido y elogiado en otros países porque, como se ha dicho acá, el aborto existe, ha existido, y existirá, y de lo que se trata y lo que nos convoca es discutir y poner en cuestión qué implica usar el derecho penal para castigar una práctica de salud que sólo afecta a las mujeres.

Podemos afirmar con certeza que es totalmente falso que se puede usar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para criminalizar el aborto. El 9 de mayo participamos, junto a otras organizaciones y representantes del Estado Nacional, de una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que los integrantes de la Comisión remarcaron que la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales e incorporar en nuestra legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país.

La presidenta de la Comisión y relatora de los derechos de las mujeres, Margarette May Macaulay, expresó en esta audiencia que “Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, y en particular a las niñas y a las personas jóvenes”. También afirmó que el Poder Ejecutivo tiene el deber de transmitirles a las y los legisladores las obligaciones internacionales de la Argentina a la hora de legislar.

Los órganos de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, han ponderado la protección incremental de la vida y han sido coincidentes en señalar los distintos impactos negativos que tiene la criminalización del aborto en los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y varones trans. El Comité CEDAW, en su RG 35 sobre la violencia por razón de género, dejó en claro que el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo, y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, además de violaciones a los derechos a la salud, son formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.

El Comité DESC, en su Observación General 22, donde establece el contenido y alcance respecto al derecho a la salud sexual y reproductiva de acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional, señaló que uno de los mayores problemas que las mujeres enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos son las diversas barreras, tanto prácticas como legales, que lo obstaculizan, en particular aquellas impuestas a la anticoncepción y al aborto, y precisó que una de las obligaciones mínimas de respeto del derecho a la salud es el no establecimiento de barreras al acceso de bienes y servicios, y que esa obligación exige derogar leyes y políticas que creen barreras al acceso, así como erradicar los obstáculos que existen en la práctica.

Hace menos de una semana, el pueblo de Irlanda decidió por una mayoría abrumadora remover los obstáculos constitucionales para poder modificar la estricta legislación que prohíbe todos los abortos. Acá estamos también ante un momento clave en nuestra historia, pero enfrentamos otra situación: Desde hace casi 100 años, nuestro ordenamiento legal autoriza el aborto bajo ciertas circunstancias, en un modelo denominado “de indicaciones o causales”. Durante años, la interpretación alrededor de esas causales generó controversias hasta que, en marzo de 2012, la CSJN se pronunció en el caso “F., A.L.”. La Corte aclaró el alcance del derecho al aborto no punible y estableció obligaciones concretas para garantizarlo.

La experiencia en estos 6 años nos muestra que persisten barreras y obstáculos y que el modelo de causales vigente no es suficiente. La existencia de requerimientos dilatorios o arbitrarios, la judicialización de la práctica por la falta de información jurídica de los profesionales de la salud, el abuso de la objeción de conciencia con tolerancia estatal, además de la falta de incorporación normativa expresa de las prestaciones necesarias como prácticas esenciales del servicio de salud, existen en casi todas las jurisdicciones.

Y esto es un claro ejemplo de violencia institucional. La violencia institucional es una violencia que funciona a través de obstáculos para acceder a derechos; y cuyos impactos se ven en los derechos humanos vulnerados de las mujeres: a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad y a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y otros que detentan rango superior a las leyes.

A pocos días del 3 de junio, es importante poner de relieve que el efecto de la penalización produce violencia de género en los términos definidos por la Ley 26.485.

La penalización del aborto ha servido para fortalecer el estigma y empujar a la clandestinidad y a la muerte a las mujeres. Soy tucumana, nací y crecí en Tucumán, donde la autoridad religiosa mencionó con nombre y apellido en el tedeum del 25 de mayo a los y las diputadas, conminándolos a votar en contra de la vida, en contra de la dignidad, de la igualdad, de la salud, en contra de la legalización del aborto.

Señoras y señores diputados, hoy ustedes deben considerar si las interrupciones voluntarias de embarazos se harán en condiciones de seguridad, igualdad y dignidad, o si las mantendrán en la ilegalidad. Tienen la oportunidad de legislar para ampliar derechos, para hacer de nuestro país una democracia más justa, más igualitaria, con más justicia social. Tienen la obligación de legislar conforme al derecho, observando respetuosamente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Éste es un llamado a fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

La infinidad de pañuelos verdes en las calles, en carteras y mochilas escolares impresiona y conmueve. Está en sus manos legislar de cara al futuro.

Tienen una oportunidad de hacer historia: El futuro llegó y el tiempo es ahora.

 

Edurne Cárdenas
Abogada por la Universidad Nacional de Tucumán, con formación de posgrado en derechos humanos y estudios de género, en Argentina y el exterior. Desde 2013 integra el Equipo de Trabajo Internacional del CELS. Trabajó como asesora, consultora e investigadora en diferentes organismos públicos, universidades y organizaciones no gubernamentales en cuestiones referidas a género, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos de las personas migrantes.