Secularismo estratégico y nuevos bordes de la política sexual

Secularismo estratégico y nuevos bordes de la política sexual

En Tucumán no contamos con un Protocolo de Salud Sexual y Reproductiva. Tampoco se ha legislado en materia de Educación Sexual Integral. Como si esto fuera poco, las principales autoridades de la provincia a la cabeza, parte del oficialismo y una oposición que integra Fuerza Republicana -partido cuyo líder reivindica la dictadura genocida- se manifiestan juntos en una marcha para rechazar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Desde Sin Miga invitamos a las tucumanas que participaron del debate que se abrió en el Congreso de la Nación con el fin de compartir una síntesis de sus exposiciones. Formadas en la UNT, con argumentos sólidos basados en evidencia científica y en los estándares internacionales sobre derechos humanos, ellas dan cuenta de la necesidad de legalizar el aborto para saldar una gran deuda pendiente de nuestra democracia porque, como afirman muchas voces públicas y especialistas, “en Argentina, sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase”. Consecuentemente, creemos que lo mejor que puede pasarnos es la implementación urgente de las tres cuestiones que figuran en el lema de las luchas por el aborto legal: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

 

 

 

Secularismo estratégico[1] y nuevos bordes de la política sexual

por Soledad Deza

 

La noción de “secularismo estratégico” alerta acerca de la insuficiencia de la idea de laicidad como régimen de convivencia diseñado para el respeto de la libertad de conciencia, en el marco de una sociedad crecientemente plural, o que reconoce una diversidad existente. Dicho elemento constituiría entonces un común denominador esencial en cualquier tipo de sistema socio-político al que se le denomina “laico”[2]. Si bien Vaggione reivindica la necesidad de esferas diferenciadas en materia de religión y política, corre un velo interesante que nos muestra que el activismo religioso no se circunscribe ya a la emisión de mandatos desde las Jerarquías Eclesiásticas sino que actúa, al igual que el movimiento de mujeres y el colectivo de diversidad, a través de otras estrategias también “movimientistas”: marchas “por la vida”, ecografías en vivo de embarazos avanzados al grito de “no cuenten con nosotros”, una feta de cartapesta de nombre Mercedes que se estaciona por igual en Catedrales y Hospitales, militancia académica que en el monopolio de saberes encubre ideología y Sociedades Científicas productoras de falacias de autoridad, entre otras, son distintas articulaciones sociales y políticas que desdibujan esa separación de esferas de gobierno de la Iglesia y el Estado, bajo la apariencia de pluralismo democrático.

Entre estas otras tácticas que encuadran en el “secularismo estratégico” ubico la objeción de conciencia al aborto, que no se agota en el mero acto sanitario de declinar cumplir con la obligación de brindar asistencia sanitaria, sino que vuelve sobre sí misma y se encarna también en otras formas igualmente políticas. Es este aspecto de la objeción de conciencia el que me interesa destacar, el que la evidencia por fuera de sus propios bordes de protección personal y la perfila como una herramienta autoritaria que persigue imponer en otros la propia cosmovisión moral acerca de la libertad sexual.

La objeción de conciencia, nació para proteger minorías atribuladas que en el juego de mayorías podrían ver anulada su posición y afectada su conciencia. Sin embargo, este dispositivo defensivo se encuentra hoy frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, siendo utilizado en Argentina para otros fines: vaciar de contenido políticas públicas que se implementan en materia de derechos sexuales y reproductivos[3]. También es claro que la objeción de conciencia no se limita al ámbito estrictamente sanitario, sino que forma parte de una política más macro en la que se inscribe –con la pluma de distintos saberes- el desconocimiento de la autonomía sexual de las mujeres y el mandato de maternidad obligatorio. Incluso se sofistica y se vuelve financiera por momentos: aborto legal si, gratuito no.

Detrás de esa objeción más macro que impugna el derecho a decidir está la “la doble vara moral” que no cuenta como abortos “las reducciones embrionarias o disminuciones fetales”[4] que se hacen en las técnicas de reproducción médicamente asistida a embriones implantados, no extra útero; la indolencia social que olvida que quienes engrosan las estadísticas de morbimortalidad materna o de embarazo forzado pertenecen en general a sectores populares desaventajados y por lo mismo, habrán de feminizar su propia pobreza; la ceguera política que habilita se pacten en la mesa patriarcal los derechos de las mujeres con los sectores más fundamentalistas de las religiones y la vanidad médica que impide reconocer uno de los principios básicos de la bioética: el de la autonomía.

El reconocimiento del feto como un otro distinto de la mujer gestante es parte de una construcción cultural y política de la sexualidad hegemónica. La sexualidad es un espacio de disputas de sentido y el cuerpo de las personas con capacidad biológica de gestar también lo es. De todas las identidades que asumimos las mujeres, la identidad de madre es quizás de las más complejas de abordar desde el discurso jurídico porque el determinismo biológico que asocia el cuerpo femenino con la reproducción está siempre presente a la hora de dotar de contenido las nociones de libertad y autonomía. Tamar Pitch señala con acierto que “la escisión entre mujer y embrión ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como “víctima”, preludio de su reconocimiento como “persona”, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”.

Lo que subyace como dispositivo más potente dentro del discurso objetor de conciencia –sea que objeten el reconocimiento de derechos o que objeten una prestación médica específica- es la total falta de consideración y respeto que implica la marginación de la mujer en un asunto que ocurre en su cuerpo. Linda Gordon sostiene que cualquier discusión en torno al derecho de abortar sólo será justa cuando se reconozca que son las mujeres, por su trayecto, su subjetividad, su historia y su función biológica de gestar las únicas capacitadas para decidir[5]. Mientras ello no ocurra, la autonomía está devaluada y la libertad que busca garantizar es bastante acotada.

Molesta la autonomía de las mujeres, porque en el fondo, el derecho a abortar supone el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de los mandatos más cultivados en nuestra sociedad norteña fuertemente occidental y cristiana: el de la maternidad natural. En definitiva está en juego algo que desde los feminismos se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo: nadie nace para ser madre. Por ello: que sea ley!

 

Soledad Deza
Abogada feminista, Magister en Género y Políticas Públicas (FLACSO), Presidenta de la Fundación “Mujeres X Mujeres” de Tucumán, coordinadora del área Litigio de la organización “Católicas por el derecho a decidir” en Argentina y docente universitaria.

[1] VAGGIONE, Juan Marco (2013)

[2] BLANCARTE, Roberto Laicidad y laicismo en América Latina. Estudios Sociológicos, vol. XXVI, núm. 76, enero-abril, 2008, pp. 139-164. El Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México

[3] PUGA, Mariela y VAGGIONE, Juan Marco (2013) “La política de la conciencia. La objeción como estrategia contra los derechos sexuales y reproductivos” en “Peripecias en la lucha por el derecho al aborto” Marta Vasallo (comp.). Editado y publicado por Católicas por el Derecho a Decidir. Colección Religión, Genero y Sexualidad.

[4] LUNA, Florencia (2018) La penalización del aborto y una moral de doble vara. Disponible en http://rlfp.org.ar/la-penalizacion-del-aborto-y-una-moral-de-doble-vara-por-florencia-luna

[5] GORDON, Linda (2010) indica que la lucha de las mujeres por la libertad reproductiva en todas sus etapas se dirigió a evidenciar las implicancias que en sus vidas tiene la reproducción en la organización de la estructura social y sobre todo, al impactar en la disposición de roles sociales, el acceso a la educción, las posibilidades laborales, la sobrecarga en las labores cotidianas, las diferencias de clases y la desigualdad en los sexos. Esta visión pone al descubierto que la maternidad afecta un espacio más amplio en la vida de las mujeres que el que se proponen proteger los derechos sexuales y reproductivos. Y que por la organización social y cultural que entreteje su lugar dentro de la sociedad, los efectos de la maternidad se proyectan hacia ámbitos que podrían pensarse separados pero que componen en conjunto una estructura que se traza con desigualdad para varones y mujeres. Esas consecuencias serán todavía más gravosas cuando la maternidad no sea deseada.